En esta sección de la página de la Red TECLA compartimos algunas reflexiones en torno a la consideración crítica de las herramientas. Lo que entendemos por “evaluación social” se refiere a la recuperación de nuestro derecho como sociedad a examinar qué conocimientos, procesos y productos tecnológicos llegan a nuestros países, a los centros de educación, a las políticas públicas, a las comunidades rurales, a las organizaciones. Hace mucho tiempo, siglos, que soportamos un menosprecio de nuestro sentido común, por un lado, y un ensalzamiento de las perspectivas ilustradas de lugares lejanos a nuestras circunstancias, a nuestros problemas y necesidades.
Nivelando el campo de juego y bajando de la Montaña Rusa:
Desde muy diversos puntos de vista, tanto la ciencia como la sociedad sienten que han tenido un viaje rudo las últimas dos décadas. La Montaña Rusa casi ha descarrilado, dejando no sólo a los científicos, sino también a los jóvenes emprendedores y capitalistas de riesgo traumatizados tecnológicamente. A continuación, unos pocos ejemplos costosos en términos sociales y financieros —todos desde la Cumbre de la Tierra de 1992:
Evaluación civil y gubernamental:
Enormes intereses políticos y financieros se movilizan frecuentemente para bloquear las nuevas tecnologías que afectarían el status quo o para promover nuevas tecnologías en el mercado de forma prematura, con tal de tener la ventaja que da salir primero. Dada la importancia de las nuevas tecnologías en la planeación gubernamental y social, son necesarios mecanismos “de respaldo”. El sistema intergubernamental de evaluación debería complementarse con un mecanismo de la sociedad civil que ofrezca diferentes perspectivas. En corto:
Evaluación intergubernamental
Evaluación civil
Evaluación intergubernamental
Asegurar que la Organización de Naciones Unidas desarrollará a la brevedad posible la capacidad institucional para identificar y monitorear las tecnologías significativas y brindar una evaluación de los impactos sociales, económicos, culturales, para la salud y el ambiente de tales tecnologías. Esto debe hacerse en el momento en que se presentan solicitudes para desplegar una nueva tecnología y, preferiblemente, antes de que la solicitud se presente, para minimizar los residuos y los riesgos.
El monitoreo y evaluación las nuevas tecnologías debe basarse en el Principio de Precaución y debe ser guiado por grupos de trabajo designados, incluyendo una diversidad de experiencias en la ciencia y la tecnología y otras formas de conocimiento así como una serie de grupos de interés. Los reportes de los grupos de trabajo deben someterse a un organismo internacional que facilite la participación total de la sociedad civil. El reporte del grupo de trabajo se debe anexar al informe final y las recomendaciones del organismo intergubernamental. Dicho organismo también debe monitorear y reportar sobre la diversidad de las tecnologías disponibles y sobre la seguridad del almacenamiento de tecnologías que ya no se usan (o ya no tan frecuentemente).
Evaluación civil
Al reconocer el poder e impacto de las nuevas tecnologías, los gobiernos y las Naciones Unidas deben animar la formación de dinámicos mecanismos de la sociedad civil que puedan ofrecer un monitoreo independiente y la capacidad de valoración para acompañar los procesos intergubernamentales. Esta iniciativa debe promover la formación de mecanismos auto-organizados de la sociedad civil en los niveles regionales e inter-regionales que sean guía para las Plataformas de Observación de las Tecnologías (POTs), que puedan comprometerse a producir informes relevantes sobre los riesgos de las tecnologías y las oportunidades que debe considerar el organismo intergubernamental mencionado anteriormente. En segundo lugar, los gobiernos y las Naciones Unidas deben animar la formación de una “Tecnopedia”, un recurso abierto, basado en la red informática mundial, como herramienta para la evaluación de las tecnologías, monitoreado y con mantenimiento en el estilo participativo de la Wikipedia.
Algunos ejemplos de instrumentos científicos existentes que deben estar en manos de la sociedad civil
La Organización de las Naciones Unidas ha construido un número de instrumentos científicos y tecnológicos en años recientes que ofrecen elementos útiles que podrían convertirse en mecanismos de evaluación de la tecnología. En cada caso, sin embargo, el rango de “términos de referencia” del instrumento es restringido a un campo específico tal como la agricultura, el clima o la biodiversidad. Si bien es posible ampliar los mandatos de algunas de esas iniciativas y relacionarlas unas con otras, la tarea de crear y mantener esos vínculos puede resultar más difícil que el establecimiento de una entidad única.
IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático): Es una enorme comunidad de científicos que colaboran en la evaluación de la ciencia del cambio climático y que han logrado apoyo amplio por parte de los gobiernos y la sociedad casi en todos lados en el mundo. Sin embargo, el IPCC solo tiene mandato para revisar los estudios existentes sobre el cambio climático, no para evaluar las tecnologías. Sería difícil —y posiblemente peligroso— agregar a la carga del IPCC la responsabilidad de evaluar las tecnologías relacionadas con el cambio climático.
OCSAT (Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico): Tanto el convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) cuentan con organismos subsidiarios específicos que ofrecen una combinación de asesoramiento científico y político para sus respectivas conferencias de las partes (COPs). Los OCSAT cobran vida como organismo entre periodos de sesiones de las Conferencias de las Partes en vez de ser verdaderos órganos de asesoramiento científico.
IAASTD (Evaluación internacional del conocimiento, ciencia y tecnología en el desarrollo agrícola): A petición de los gobiernos en la Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible (Río+10), la FAO, el Banco Mundial, los gobiernos y agencias de Naciones Unidas colaboraron para realizar una extraordinariamente amplia evaluación de la agricultura, que incluyó insumos de productores en pequeña escala y consideró sistemas de conocimiento diversos. El reporte logró amplio apoyo. Río+20 debe asegurar que este trabajo tenga continuidad, ya sea como una entidad independiente o que el mismo procedimiento se incluya en la construcción de otro mecanismo de evaluación.
HLPE (Grupo de Expertos de Alto nivel en Seguridad Alimentaria y Nutrición): En 2009, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) estableció junto con la FAO el HLPE, un panel sumamente representativo de expertos para examinar cuestiones críticas y brindar reportes independientes. Hasta el momento, el panel ha trabajado notablemente bien y se ha ganado el respeto de diversos grupos de interés. Si bien el mandato del HLPE es amplio, no incluye el rango completo de las nuevas tecnologías que podrían impactar el planeta y sus habitantes.
IPBES (El Panel Intergubernamental científico-normativo sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas): Aún están en proceso las reuniones iniciales de establecimiento del IPBES, y el resultado final permanece incierto. Se espera que el IPBES tenga un mandato fuerte para tratar lo relacionado con la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas y de hecho el organismo podría desde ya incluir la evaluación de las tecnologías que afectan esos sistemas. Sin embargo, su relación a futuro con el IPCC sobre el tema de cambio climático o con el HLPE en el tema de la agricultura necesita aún negociarse. Sin embargo, si uno de los resultados predecibles de Río+20 es un PNUMA más grande con recursos y membresía adicionales, y posiblemente la responsabilidad del IPBES (no se ha decidido), sería importante asegurar que la evaluación de la tecnología sea parte de su nueva agenda.
En suma, mientras cada una de las iniciativas identificada arriba puede jugar un papel útil en la contribución a la evaluación de la tecnología, ni su mandato ni su historia limitan su habilidad para funcionar en una plataforma multi-tecnológica o trans-sectorial de las tecnologías. Porque su papel y trabajo se encuentran todavía en negociación, el IPBES puede ser una excepción, un organismo al que podrían dársele tareas más amplias.
Oficina de Evaluación de la Tecnología en la Asamblea General de la ONU: Tal vez una de las opciones más atractivas y directas sería el establecimiento de una Oficina de Evaluación de la Tecnología (OET) adjunta a la Asamblea General de la ONU. La OET necesitaría un secretariado fuerte y recursos acordes a su tarea, y los gobiernos en Río tendrían que moverse cuidadosamente para asegurar que la OET se comporta a la altura de su mandato.
Relator Especial sobre el Derecho a la Innovación/Imitación: Las tecnologías adecuadas, si se evalúan cuidadosamente y se comparten globalmente, podrían ayudar a un desarrollo más sostenible y a cumplir con las Metas de Desarrollo del Milenio. Sabemos que los actuales sistemas de innovación y diseminación tecnológica fracasan en el Sur global, y que los países en desarrollo encuentran muchos obstáculos en el acceso a tecnologías apropiadas, o a poder usarlas, mantenerlas o desarrollarlas. Hay un asunto relacionado con los derechos humanos que se pasa por alto: el derecho a compartir los beneficios del progreso científico (o de manera más prosaica, el derecho a innovar e imitar), establecido en el Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La creación de un cargo de Relator Especial sobre el Artículo 27 podría ayudar a documentar las dimensiones en términos de derechos humanos de los desarrollos tecnológicos, promover políticas de transferencia de tecnologías apropiadas, advertir de las violaciones que nuevas tecnologías podrían motivar y enfatizar el derecho de todos los seres humanos a compartir los beneficios del progreso científico.
Grupo ETC, Reflexiones hacia Río+20